JUECES, PERIODISTAS Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA

Desde el año 2006, en el juzgado Federal nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, se lleva adelante una investigación judicial por el supuesto hackeo - intromisión - a las cuentas de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y otros funcionarios públicos de enorme relevancia. En el marco del expediente - que se maneja con total reserva - se allanaron los domicilios de periodistas, operadores y ex agentes de la SIDE, supuestamente involucrados en la intrusión - y posterior comercialización - de diversas cuentas de correo electrónico de funcionarios del Estado y personajes de la farándula (1).
La historia que se esconde detrás del avance de esta causa judicial es sumamente interesante, ya que, si bien es real que existe una especie de "organización" dedicada a vender secretos privados, no todo es como se ha hecho trascender públicamente. Por caso, hay una docena de documentos que prueban que el pedido de hackeo de cuentas de funcionarios partió desde el despacho de al menos tres poderosos ministros del Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial alguna, como exige la ley. "La verdad es que muchos de los que ahora putean porque les hackearon el mail se lo merecen, porque ellos primero pidieron hackear a otras personas y terminaron burlados. Lorenzetti es uno de ellos", aseguró a este periódico una muy confiable fuente tribunalicia de San Isidro.
Iván Germán Velázquez, ex funcionario de la SIDE acusado de haberse entrometido en emails privados, puede dar cuenta de ello, ya que algunos de los pedidos para hackear cuentas ajenas, le fueron dados por escrito por funcionarios que hoy siguen ostentando un gran poder en el entorno kirchnerista. ¿Qué hará la jueza en caso de tener que enfrentarse con esa documentación? ¿Se animará a embestir contra poderosos ministros del kirchnerismo?
Más allá de la acusación formal de Arroyo Salgado, pocos saben que el "expediente Lorenzetti" se está utilizando para dirimir internas entre funcionarios públicos y aleccionar a medios críticos. Veamos.
Por un lado, existe un fuerte enfrentamiento entre altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia - uno de ellos es el incombustible Fernando Pocino - y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández - otro impresentable. Un sector acusa a otro de "operar" y viceversa. Lo único cierto es que ninguno de los dos grupos es trigo limpio.
Como publicó sobradamente este periódico, Arroyo Salgado fue bendecida por funcionarios de la SI para que pudiera recalar en San Isidro. A su vez, la jueza responde a los intereses del Poder Ejecutivo, sitial al que pertenece, por transición, Fernández. Un verdadero dilema para la magistrada, que deberá resolver en el corto plazo, antes de que esta causa judicial le explote en el rostro.
Por otro lado, como pata mediática de esta trama, se está utilizando a un grupo de periodistas pagados por la Secretaría de Inteligencia para echar sus cañones sobre un grupo de "chivos expiatorios". A la cabeza, se encuentran dos cronistas de Página/12, Irina Hauser y Nora Veiras (2), quienes reciben datos confidenciales por parte de la jueza Arroyo Salgado y funcionarios de la ex SIDE.

Quema esas cartas
Hace unos días, este periodista recibió de manera anónima una serie de intercambios de correos electrónicos entre algunos de los involucrados en esta trama maldita. Uno de esos mails es entre la jueza Arroyo Salgado y la periodista Nora Veiras, y se enmarca en la denuncia que el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hizo contra el kirchnerismo por haberle sido hackeado su propio correo (3). Dice la jueza: "te comento que Alberto Fernández no se fue muy convencido y responsabiliza a la SIDE y al gobierno de estar detrás de las pinchaduras. Mañana te envío otras fojas (sic) del expediente reservado". Arroyo Salgado no sólo le da a la periodista datos confidenciales del expediente de marras - aclarando que debe mantener "la mayor reserva" -, sino que le "regala" el usuario y contraseña del mail de Fernández. Asimismo, admite que "todo fue armado para inculpar a determinados funcionarios y periodistas", lo cual representa una gravedad enorme.
En la siguiente captura de pantalla puede verse lo más sustancial del mail, aunque se han tapado las partes que pudieran comprometer a este medio por divulgar información eventualmente confidencial.

Como puede verse, los virulentos ataques de Página/12 contra Francisco de Narváez - incluso bajo la pluma del inefable Horacio Verbitsky - están fogoneados desde la inservible Secretaría de Inteligencia. Lo mismo sucede con las supuestas "primicias" de Veiras y Hauser sobre el expediente de los hackers, del cual suelen brindar detalles desconocidos a través del diario que las cobija.
¿Qué dirán las periodistas ahora, que es mentira que cobran de la ex SIDE como suelen asegurar?
Juez y parte
Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, CUIT 23-20729803-4, nacida el 1º de julio de 1969, fue designada jueza gracias al oportuno lobby hecho por el kirchnerismo sobre la Comisión de Acuerdos del Senado, que la calificó con el mayor puntaje de su terna a pesar de que los candidatos con los que compitió - Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo - tenían un conocimiento mucho mayor sobre derecho. En tal sentido, el sitio La política on line aseguró: "La elección (de Arroyo Salgado) sorprendió en el Poder Judicial, teniendo en cuenta la experiencia judicial de los candidatos que compitieron por el cargo. Tiene un postgrado en Derecho en la Universidad Austral (Opus Dei) y unos pocos artículos publicados".
No bien fue refrendada su designación por Néstor Kirchner - a través del decreto 713/2006 -, la novísima jueza comenzó a trabajar en algunas de las causas que quitaban el sueño al oficialismo, una de ellas relacionada a la supuesta intrusión o hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Arroyo Salgado es una persona obsesionada con el bajo perfil - no da entrevistas y no le gusta que se hable de ella - y es vista por sus colegas como una persona adicta a su trabajo, siempre relacionado a la temática judicial. La mayor parte de su carrera la hizo como defensora pública, comenzando a los 18 años como "meritoria" en un juzgado federal porteño. Más adelante, llegó a ser relatora del camarista Gerardo Larramberre.
Uno de los antecedentes que querría borrar de su pasado está relacionado a su desempeño como asesora del impresentable embajador argentino en México, Jorge Yoma, cuando este era senador nacional y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yoma, es dable recordarlo, ha sido una de las espadas del saqueo menemista dentro del Senado en los años 90.
Oportunamente, diario La Nación describió a Arroyo Salgado como "fanática" de la tarea judicial: "el trabajo es una de las principales prioridades de su vida. Tanto, que hace que el grueso de las decisiones pase por ella misma. Le cuesta mucho delegar y ella misma intenta llevar adelante audiencias y entrevistas (...) Cuando tiene tiempo libre, suele dedicarse especialmente al deporte. Es del estilo de mujeres que ponen un toque de atención especial a su figura. Juega al tenis todos los fines de semana, va al gimnasio cada vez que puede y suele salir a correr. Una preocupación por la actividad física a la que sólo es capaz de renunciar por una buena película en el cine".
Aunque no suele mencionarse, Arroyo Salgado tiene dos hijas - una de un año y otra de nueve - y está casada con Alberto Nisman, a la sazón fiscal especial de la causa por el atentado a la AMIA. Este último detalle es clave, no sólo para entender el sospechoso desempeño de la jueza, sino también su nombramiento.

Concluyendo
La prueba aquí mostrada descansa, por cuestiones de seguridad, en las oficinas de un mediático abogado y será presentada ante la Justicia en las próximas horas para que se indague al respecto. Amerita la gravedad del asunto que se investigue profundamente, no sólo por este tema puntual, sino por el perverso sistema de corrupción que impera en la actualidad, donde la ex SIDE -de la mano del poder político de turno- pone y maneja jueces y periodistas a piacere. Esto es lo que hoy realmente socava las bases de la República y explica por qué no existe ningún funcionario preso por corrupción.
Es por ello que debe cambiarse por completo el sistema de selección de jueces y debe imponerse un tribunal de ética para periodistas.
La corrupción es el cáncer que hoy carcome el cuerpo de la Nación. No debe permitirse que siga avanzando.
(1) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4116
(2) Ver artículo La cadena de la felicidad, donde se muestra cómo ciertos periodistas cobran de la ex SIDE para hacer operaciones de prensa
(3) Ver El Clarin 13 Ago 2009

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